Los gobiernos de Colombia, Guatemala y Perú se suman al grupo de países en contra de la Ley Arizona; con ellos son ya nueve países latinoamericanos que se agregan a la oposición que México asumió desde un principio.

Hasta el momento los nueve países latinoamericanos han enviado iniciativas independientes ante un juez federal de los Estados Unidos para respaldar las denuncias de Organizaciones No Gubernamentales en contra la Ley SB 1070, de tendencia discriminatoria.

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Paraguay también se han sumado al recurso que utilizó México de Amigo de la Corte (Amicus curiae) para respaldar las denuncias de Organizaciones No Gubernamentales.

El gobierno mexicano afirma que busca defender los derechos de los mexicanos y que la ley Arizona podría derivar en arrestos en base a las características raciales de los inmigrantes, así como obstaculizar el turismo y el comercio.